Terça

Leia a declaração de José Joaquín Brunner, ministro da educação do Chile, e Gregory Elacqua, consultor internacional para educação na america latina.

El momento es propicio para profundizar la reforma educacional. Para ello se requiere un amplio consenso de objetivos y políticas. ¿Cuáles deben ser las metas de la profundización? Básicamente dos. Por un lado, acometer las enormes desigualdades que afectan a nuestro sistema (equidad). Por el otro, mejorar la gestión escolar (calidad de la enseñanza y el aprendizaje).

Del lado de la equidad, hay tres políticas imprescindibles. Primero, garantizar atención de calidad para todos los niños de tres a seis años provenientes de hogares ubicados en los tres primeros quintiles. La evidencia internacional muestra que ésta es la política más costo-efectiva para cerrar brechas y mejorar aprendizajes a lo largo de la vida. Segundo, incrementar la subvención escolar para todos los alumnos, hasta doblar su valor actual. Como primer paso, aumentarla para los alumnos de condiciones más vulnerables, cuyo costo de formación es más alto. Tercero, terminar con la discriminación social del acceso a establecimientos subvencionados, asegurando así que las escuelas compitan en igualdad de condiciones. Sólo si los padres eligen escuelas sin que sus hijos sean sometidos a procedimientos discriminatorios será posible cumplir con el mandato de iguales oportunidades para todos.

Del lado de la gestión, es indispensable combinar mayor autonomía para los establecimientos con mayor responsabilización por sus resultados (accountability). Esto implica más descentralización, conjuntamente con un centro rector más fuerte a nivel gubernamental. ¿Cómo lograrlo? Primero, las escuelas deben ser sujetas a metas exigentes (estándares curriculares demandantes y exámenes externos) y recibir apoyo técnico-pedagógico para desarrollar sus propias capacidades. Este apoyo debería incluir al menos al 20 por ciento de los establecimientos, cuyos resultados son consistentemente insuficientes, y medidas más enérgicas para varios centenares de escuelas "críticas", las cuales ni siquiera con dicho apoyo lograrían los aprendizajes esperados.

Las escuelas así favorecidas que no logren mejorar deberían ser cerradas, dando paso a nuevos establecimientos. A su turno, la creación de éstos necesita regularse con más rigor, para impedir la proliferación de proveedores de baja calidad. Segundo, debe otorgarse autonomía de gestión a los establecimientos municipales, incluyendo un nuevo estatuto para sus docentes. Éste debería definir una carrera profesional, ligando estímulos al desempeño, adoptando procedimientos más efectivos de evaluación y la creación de un marco comunal para la negociación colectiva. De poco servirían estas medidas si, simultáneamente, no se revisa la formación docente. Cabe aprobar prontamente la acreditación obligatoria de carreras de pedagogía e introducir un examen práctico de habilitación para el ejercicio profesional. Tercero, urge preocuparse de la formación de directivos de establecimientos, cuyo papel será esencial para los cambios de la gestión escolar. Al efecto, podrían crearse centros regionales de liderazgo educativo, los cuales participarían, además, en la implementación del apoyo para establecimientos "críticos" y con resultados insuficientes. Cuarto, hay que transformar el Simce en un sistema que mida el valor agregado de aprendizaje por escuela, considerando las condiciones socioeconómicas de sus alumnos. Complementariamente, la autoridad debería revisar los contenidos curriculares que no estén bien focalizados y alineados con los estándares de aprendizaje.

Conseguir estas metas supone fortalecer el Ministerio de Educación, especialmente sus procedimientos de supervisión y regulación. Requiere, además, que el Gobierno defina una clara estrategia para la nueva etapa y la activa participación del Parlamento para modificar la LOCE y aprobar una subvención preferencial. Por último, implica promover la participación y el compromiso de los sostenedores municipales y privados, los profesores, las escuelas de pedagogía, y de los centros de padres y alumnos que han manifestado una renovada vitalidad.

En suma, aprovechemos la coyuntura para restituir a la educación su prioridad y para profundizar la reforma con renovados objetivos de equidad y mejor gestión.